A partir de esta semana, se implementa la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, una normativa bastante innovadora en el control del sector tecnológico. Su objetivo es limitar la desinformación y el contenido ilegal en las grandes plataformas tecnológicas, lo que impactará en aproximadamente 45 millones de usuarios, según información de la Comisión Europea, quienes además plantean que se trata de una medida que busca beneficiar a los usuarios al transparentar la información, pero que no busca perjudicar a las plataformas.
Debido a que se trata de una medida nueva a nivel global, las empresas no están muy contentas con ella. Algunas, como Amazon, han presentado reclamaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la decisión de la Comisión. Consideran que no se adecuan a la definición establecida y quieren evitar que se les aplique la normativa de esta nueva ley.
Esta nueva ley plantea además que las plataformas deben cumplir con ciertas responsabilidades. Tienen un plazo hasta este viernes para realizar su primera evaluación anual, con el propósito de disminuir los peligros relacionados con la propagación de contenidos ilegales o la alteración de servicios que afectan a la democracia y la seguridad pública. Además, tendrán que entregar informes de transparencia en un lapso de dos meses.
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